La Procuraduría General de la Nación pidió este lunes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un informe detallado sobre las condiciones de seguridad del concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, asesinado el pasado 16 de junio en pleno centro del municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que activó un plan de seguimiento para vigilar el accionar de las entidades responsables en este caso. Como primera medida, solicitó a la UNP esclarecer si el concejal había solicitado algún esquema de protección o si había manifestado preocupación por su seguridad en días anteriores.
El ente de control busca establecer si el crimen de Espinoza Vanegas estaría relacionado con amenazas personales o si se trató de un atentado con móviles políticos, derivados de su ejercicio como miembro del Concejo Municipal.
“La Procuraduría articuló un trabajo con sus procuradores regionales y provinciales, quienes se pusieron en contacto con los órganos investigativos para establecer si existían antecedentes de amenazas contra el concejal”, indicó la entidad.
El caso ha generado conmoción en la región y un llamado urgente a las autoridades para garantizar la protección de líderes sociales y políticos en el país.