La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente de sus funciones a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, luego de que emitiera un auto en el que ordenaba la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.
La medida disciplinaria fue adoptada mientras avanza una investigación para determinar si la congresista incurrió en una falta gravísima y en un posible prevaricato por acción, al expedir una decisión para la que, según distintos sectores jurídicos y el propio Ministerio Público, no tenía competencia.
La suspensión de Arizabaleta estará vigente hasta el 20 de julio de 2026, fecha en la que concluye su período como congresista, por lo que no podrá finalizar su mandato en el Congreso.
El caso generó un intenso debate político y constitucional, ya que la decisión de suspender al jefe de Estado fue ampliamente cuestionada por expertos, quienes señalaron que la Constitución establece que una medida de esa naturaleza solo podría ser adoptada por el Senado, tras surtirse el procedimiento correspondiente en la Comisión de Acusación y la Cámara de Representantes.
Además de la actuación de la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia inició actuaciones preliminares relacionadas con este caso, mientras continúa la controversia por el alcance de las facultades de la Comisión de Investigación y Acusación.
La decisión se produce en medio de la recta final de la campaña presidencial, en un ambiente de alta tensión política y jurídica en el país.