Un fuerte rechazo expresaron líderes religiosos del Urabá antioqueño frente a dos proyectos de ley radicados en el Congreso por el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico, que buscan reformar la Ley de Libertad Religiosa y establecer un régimen de inspección y vigilancia sobre las entidades de fe.
El Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo envió una carta a congresistas de ese partido solicitando retirar las iniciativas, al considerar que representan un riesgo para la libertad de conciencia y la autonomía de las iglesias.
La mayor polémica recae sobre el proyecto 058, que plantea reconocer las prácticas espirituales ancestrales como expresión legítima de libertad religiosa. Para el comité, esta reforma daría pie a legitimar “brujería, hechicería y santería”, prácticas que —según señalaron— pueden ser usadas para causar daño. “Esto daría pie a que se dé reconocimiento legal a alguien que practique brujería, a que los ritos que hacen entren en la categoría de libertad religiosa”, advirtió el pastor Faber Róvira, enlace religioso en Turbo.
El proyecto pretende modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994, que actualmente excluye expresamente actividades mágicas o supersticiosas del concepto de religión. Sus impulsores argumentan que la norma, vigente desde hace tres décadas, dejó por fuera cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y raizales, reconocidas por la Constitución de 1991 como parte de la diversidad cultural del país.
Por otra parte, el proyecto 057 busca imponer inspección y control a las entidades religiosas, lo que en Urabá interpretan como un intento de vulnerar la independencia de las iglesias y poner en riesgo su labor social. “Aunque se hable de transparencia fiscal, vemos esto como una amenaza directa a la libertad religiosa”, indicaron líderes de la región.
El debate ya generó pronunciamientos en el Gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, tras reunirse con más de 30 representantes de distintos credos, aclaró que el Ejecutivo no respalda estas iniciativas. “La fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. Nadie tendrá que pagar más impuestos ni enfrentar más requisitos por sostener un culto”, afirmó.
La discusión promete escalar en el Congreso, mientras comunidades religiosas y étnicas del país mantienen posturas enfrentadas sobre los alcances de estas reformas.