Después de la notificación recibida el pasado lunes, que le exigía dejar el cargo de Personero de Apartadó, Wilmar Herrera ha decidido abandonar la Personería el día de hoy, miércoles. Herrera se lleva consigo dos demandas que esperan una segunda instancia, además de un proceso en el limbo legal que, de resultar desfavorable, podría convertirse en un problema jurídico significativo para su carrera profesional.

 

De acuerdo con fuentes del medio Noticias El Boom, en su momento, Herrera habría enfrentado presiones por parte de su superior, Felipe Benicio Cañizales. Este habría impulsado a Herrera a ocupar el cargo, a pesar de las inhabilidades por haber contratado con el municipio en tiempos no permitidos, asegurando así un puesto que no duraría ni un año, como se ha confirmado ahora.

 

En medio de un ambiente de hermetismo municipal, el Secretario del Concejo, Marcelo Valencia, se acercó nuevamente con un documento pendiente de firma para separar del cargo a Wilmar y una orden para solicitar inventario, Wilmar firmo y su salida fue discreta por la puerta trasera, pero  Herrera dejó por ordenes de Benicio, contratado a dos colaboradores polémicos: el concejal Rubiel Montes, conocido por su frase “Vigilante, vigilante”, y el ex secretario del Concejo, Luis Alfredo Seña, quien anteriormente aprobó sin objeciones los empréstitos solicitados por Cañizales y ahora se opone, bajo instrucciones de su antiguo jefe, a las demandas contra la administración actual.

 

La noticia cobra relevancia, ya que mañana, a las 7:00 a.m., se posesionará la Personera encargada, la doctora Alexandra Silva Gutiérrez. Silva Gutiérrez, ex secretaria de Gobierno de Carepa y expareja del abogado Manuel Patiño, asumirá el cargo por un periodo de tres meses durante el cual se reiniciará el proceso de elección del nuevo personero y se llevarán a cabo las entrevistas para su selección.

 

Con la pérdida de la Personería, el cañizalismo, acostumbrado a mantenerse en el poder, enfrenta una derrota significativa en Apartadó. Ahora, sus esperanzas se centran en una demanda ante el Consejo de Estado relacionada con la doble militancia del alcalde, con la esperanza de que este proceso les permita recuperar recursos y evitar las múltiples demandas de corrupción que actualmente enfrentan ante las autoridades nacionales.