Las autoridades colombianas capturaron en el Puente Internacional Atanasio Girardot a Loany Lismeiry Ortiz Nova, una ciudadana dominicana buscada por Interpol bajo una circular roja por presunta estafa. La detención ocurrió cuando intentaba salir del país y fue identificada en un control migratorio en el puente de Tienditas, en la frontera colombo-venezolana.
Tras ser identificada en la base de datos, agentes de Migración Colombia alertaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta, que procedió con su captura y traslado a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Desde el viernes 14 de febrero, Ortiz Nova permanece bajo custodia policial y se espera su pronta extradición a República Dominicana para enfrentar el proceso judicial.
De acuerdo con las investigaciones, Ortiz Nova sería una de las cabecillas de una red de estafa que operaba a través de redes sociales, ofreciendo falsos proyectos inmobiliarios en República Dominicana a precios atractivos. La empresa utilizada como fachada, Novasco Real Estate S.R.L., promocionaba propiedades inexistentes, logrando captar el dinero de al menos 122 víctimas, entre ellas 32 extranjeros. Se estima que el monto defraudado supera los 18 millones de dólares, aproximadamente 74 mil millones de pesos colombianos.
Las autoridades dominicanas la acusan de estafa, asociación de malhechores y uso de documentos falsos. Entre sus estrategias fraudulentas estaba la firma de contratos de promesa de venta falsos y la organización de eventos con víctimas para exhibir maquinaria en terrenos donde supuestamente se construirían los proyectos.
Otros implicados en la red de estafa
Ortiz Nova es la última persona capturada dentro de este caso. Sus cómplices, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, fueron detenidos en República Dominicana tras operativos de allanamiento contra bienes de la empresa. Se enfrentan a solicitudes de prisión preventiva por 18 meses mientras avanza el proceso judicial.
Las audiencias para definir su situación legal están en curso, y se espera que la justicia dominicana determine las medidas correspondientes basadas en las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría del país.
