El gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha un plan de acción urgente con una duración de doce semanas, con el objetivo de evitar que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esta medida responde a la advertencia de Washington, que fijó el 15 de septiembre como fecha límite para evaluar si el país cumple con los compromisos en materia de erradicación de cultivos ilícitos.
Según revelan medios nacionales, el mandatario convocó a una reunión de alto nivel en la que participaron ministros y altos funcionarios de las carteras de Defensa, Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, se definieron tareas concretas y se solicitó a cada entidad presentar resultados medibles antes de la fecha límite impuesta por Estados Unidos.
La estrategia contempla acciones como la erradicación manual y mecanizada de cultivos de coca, el impulso a programas de sustitución voluntaria con enfoque territorial, y una mayor articulación institucional. La estrategia también apunta a mejorar los indicadores ambientales y de seguridad en las regiones más afectadas por el narcotráfico.
La inquietud del Ejecutivo colombiano surge en medio de un contexto político tenso. En las últimas semanas, la Casa Blanca expresó su inconformidad con decisiones como la suspensión de la extradición de alias “Mocho Olmedo”, un reconocido narcotraficante vinculado a las disidencias de las FARC, cuyo proceso fue frenado por el presidente Petro bajo el argumento de que podría aportar al proceso de “paz total”. Esta decisión fue interpretada en Estados Unidos como una señal negativa en la cooperación bilateral contra las drogas.
En caso de ser descertificado, Colombia se enfrentaría a consecuencias diplomáticas y financieras, incluyendo restricciones al acceso a fondos de cooperación internacional y posibles sanciones comerciales. Aunque la descertificación no es automática ni definitiva, sí representa una fuerte señal política de desaprobación que puede afectar la imagen del país en escenarios multilaterales.
El gobierno Petro insiste en que su política de drogas es coherente con una visión de transformación estructural del campo, justicia social y protección ambiental. Sin embargo, en Washington persisten las dudas sobre los resultados concretos en la reducción de cultivos y el control territorial.
En acción, los próximos tres meses serán cruciales para demostrar que Colombia mantiene un compromiso firme en la lucha contra el narcotráfico, pero con un enfoque que supere la lógica de la guerra y se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible y construcción de paz.