El rechazo del proyecto del Presupuesto General de la Nación 2025 en las comisiones económicas del Congreso ha desencadenado un intenso cruce de acusaciones entre la representante cordobesa Saray Robayo Bechara y el presidente Gustavo Petro. La falta de apoyo por parte de los congresistas llevó a Petro a cuestionar el desempeño tanto de las comisiones económicas como de la Comisión Interparlamentaria, en la que participa Robayo.

El presidente destacó que «más grave que las comisiones económicas del Senado no aprueben el presupuesto es que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no apruebe los pagos de la deuda externa del país. Esto lleva a un default artificial, encarece la deuda y provoca una pérdida fiscal incuantificable». Por su parte, Robayo Bechara respondió con firmeza, acusando al Gobierno de no asumir su responsabilidad respecto a las preocupaciones sobre un presupuesto desequilibrado. «Presidente Gustavo Petro, la Comisión Interparlamentaria solo ha pedido responsabilidad y claridad. No es correcto afirmar que actuamos con tácticas; sus funcionarios no han entregado la información de manera clara y desagregada», replicó la congresista del Partido de la U.

Además, hizo un llamado a evitar el pánico económico. La controversia se amplió con las críticas de la senadora Liliana Bitar, quien cuestionó que el Gobierno presentara el presupuesto regionalizado solo un día antes de la votación. Según Bitar, esto impidió un análisis adecuado sobre el impacto en las regiones. «Para el Caribe se reduce en total -$4,7 billones, siendo Córdoba el más afectado con $1.2 billones. Es un golpe para el desarrollo de la región», afirmó. Robayo Bechara también ha expresado su desacuerdo con el proyecto, especialmente por la inclusión de la controvertida Ley de Financiamiento y las presiones para su aprobación, que muchos consideran una reforma tributaria disfrazada.

Además, tuvo un fuerte enfrentamiento con el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, a quien calificó de “irresponsable”, recordándole que “las finanzas públicas requieren responsabilidad; amenazar con un default es aún más irresponsable”.