La EPS Savia Salud, la más grande del régimen subsidiado en Antioquia con 1,6 millones de afiliados, sigue acumulando pérdidas a pesar de estar bajo intervención. Según los estados financieros entregados a la Contaduría General de la Nación, la entidad ya acumula pasivos por más de $1,2 billones, lo que representa un incremento del 28,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
A diciembre de 2024, la EPS aumentó sus gastos de administración y operación en un 17,25%, pasando de $95.731 millones en 2023 a $112.243 millones. Además, la cartera vencida de la entidad creció un 30%, afectando a varios hospitales públicos de Antioquia. Entre los más perjudicados se encuentran el Hospital La María, con una deuda de $126.281 millones; el San Rafael de Itagüí, con $44.504 millones; el Hospital Mental de Antioquia, con $26.601 millones; el Marco Fidel Suárez de Bello, con $58.136 millones; y el Hospital Carisma, con $920 millones.
Desde la Asamblea de Antioquia, el diputado Jorge Correa ha sido una de las voces más críticas sobre la gestión de la EPS bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud. «Savia Salud tiene facturas sin pagar a nuestros hospitales con vencimientos de más de un año. Al final, esto se traduce en dificultades para los pacientes», advirtió el diputado.
El panorama se complica aún más con la designación del tercer agente interventor de la EPS, Luis Óscar Gálvez Mateus, quien asumió tras la renuncia de Diana Constanza Rodríguez. Aunque Gálvez tiene experiencia en el sector salud, su nombramiento ha generado polémica por presuntas irregularidades en su gestión en el Hospital Departamental de Villavicencio, lo que derivó en procesos en la Procuraduría y cuestionamientos sobre su idoneidad.
La situación financiera de Savia Salud mantiene en incertidumbre a miles de afiliados y prestadores de servicios, mientras las autoridades nacionales y departamentales buscan soluciones para evitar un colapso en la atención médica de la región.