El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes la apertura de una investigación penal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras la liberación de 252 migrantes venezolanos que se encontraban detenidos en una cárcel de máxima seguridad en ese país.
Según el fiscal, Bukele y dos altos funcionarios —el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza— serán investigados por presuntos delitos de tortura, tratos crueles, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir. Saab asegura que esta acción está respaldada por tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a todos los organismos internacionales para que tomen cartas en este asunto”, dijo Saab.
¿Justicia internacional o doble moral?
El anuncio, sin embargo, ha encendido el debate en círculos diplomáticos y ciudadanos: ¿puede un gobierno como el de Venezuela —señalado durante años por sus propios abusos y violaciones a los derechos humanos— asumir el rol de juez internacional? ¿Se trata de un intento legítimo por proteger a sus ciudadanos o una maniobra política para confrontar al modelo de seguridad salvadoreño, ampliamente criticado, pero también respaldado por sectores que claman por orden?
Bukele, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente, pero en otras ocasiones ha calificado las críticas a su modelo carcelario como “ataques ideológicos” de gobiernos autoritarios.
Este nuevo capítulo suma tensión entre dos visiones opuestas de la región: ¿mano dura o respeto absoluto por los derechos humanos?
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