•Seis familias afectadas por el histórico caso Pisisí revelan que sus propiedades están en una situación complicada después de una decisión judicial en 2022 que les aseguraba el derecho a la tierra. La mayoría de ellos son sobrevivientes del conflicto, específicamente del genocidio contra la Unión Patriótica.

Ha pasado más de un año y seis meses desde que un juzgado especializado en restitución de tierras de Apartadó ordenó que seis familias en Turbo recibieran los predios correspondientes a sus solicitudes de restitución. Esto se dio luego de que fueran reconocidas como víctimas del conflicto, dado que sus familiares fueron asesinados por ser militantes de la Unión Patriótica. Sin embargo, denuncian que esta orden judicial del 12 de septiembre de 2022 no se ha cumplido. Incluso, una de las beneficiarias falleció en 2023 sin ver resultados en la entrega de los terrenos.

El caso se remonta a 1997, en la vereda Casanova, en Turbo, donde los familiares de los actuales reclamantes fueron estigmatizados y perseguidos por su afiliación a la Unión Patriótica. Este partido luego fue víctima de un genocidio que dejó más de 1.160 muertos. Algunos miembros de estas familias fueron asesinados, otros desplazados y los que quedaron fueron despojados por grupos paramilitares. Después de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, los reclamantes de Casanova presentaron su caso para intentar recuperar lo perdido, logrando parcialmente su cometido.

Se solicitaron un total de seis predios, algunos de tan solo una hectárea y otros de hasta siete, como los de María Bergenet Rubio, quien señala la falta de respuesta sobre la restitución. Según la sentencia del juzgado de Apartadó, se había destinado un predio de más de 10,2 hectáreas para Rubio, pero ni ella ni su familia han recibido ni un metro cuadrado. Jhon Fernando Quintero, uno de sus hijos, hace un llamado al gobierno nacional para que tome medidas al respecto.

María Bergenet Rubio, viuda de Hoover Antonio Quintero Román, quien fue asesinado en 1993, junto con otras cinco familias, levanta su voz para exigir el cumplimiento de la sentencia. Para su hijo Jhon Fernando y las demás familias, es la Unidad de Restitución de Tierras la entidad responsable, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

El fallo también ordenó al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas transferir un bien inmueble ubicado en el área urbana o rural del municipio que elijan los solicitantes. Esto, tras un acuerdo con la Sociedad Portuaria Turbo Pisisí S.A., que planeaba construir un megapuerto en la región del Urabá, pero fue alertada sobre la situación de los predios en proceso de restitución.

Vanderley Quintero Rubio, otro hijo de María Bergenet Rubio, expresa su frustración por la falta de acción del fondo y señala que las víctimas están muriendo sin ver cumplidas las sentencias. A través de un comunicado, las seis familias hacen un llamado al gobierno y a la Unidad de Restitución de Tierra para que les entreguen una respuesta sobre sus propiedades, que llevan más de 24 años en disputa.