La justicia estadounidense ha dado inicio a un juicio contra la multinacional bananera Chiquita Brands, en respuesta a las demandas de cientos de víctimas del paramilitarismo en el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio de Colombia. En 2007, tras la exposición de registros mercantiles, correos electrónicos y testimonios, la multinacional fue condenada por entregar USD$1,7 millones a grupos paramilitares. Este hito histórico motivó a campesinos, ganaderos y residentes colombianos a demandar a la empresa. Un tribunal de Florida ha seleccionado los casos más representativos y determinará si esa financiación estuvo vinculada directamente a crímenes atroces cometidos por los paramilitares.

¿Por qué se lleva a cabo el juicio en Estados Unidos?

En 2007, la justicia estadounidense confirmó que Chiquita Brands había transferido más de un millón y medio de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Las pruebas presentadas, reconocidas por la propia multinacional, indicaban que financiaron a los paramilitares tras una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands en Colombia en ese momento.

El problema de la controversia radica en que, mientras Chiquita Brands realizaba los pagos, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. Según el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein, «como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones». A pesar de esta designación, Chiquita Brands continuó efectuando los pagos durante tres años más.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que «lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continuó mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas».

Esta serie de eventos culminó en una multa de US$25 millones impuesta a la multinacional y la obligación de cooperar con investigaciones en curso. Desde entonces, cientos de víctimas del Urabá y el Magdalena Medio, a través de organizaciones de derechos humanos, han demandado a la empresa. Los casos más representativos fueron agrupados por un tribunal de Florida, que seleccionó sus jurados el 29 de abril y ahora se prepara para emitir un veredicto en las próximas semanas.

¿Cuál es la naturaleza del juicio?

Los casos representativos argumentan que, dado que Chiquita Brands financió a los paramilitares, ese dinero terminó respaldando las atrocidades cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como homicidios selectivos, masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierras, entre otros. Las víctimas alegarán ante los jurados que el dinero estadounidense entregado por Chiquita Brands está directamente relacionado con el conflicto armado colombiano.

¿Cuál es la defensa de Chiquita Brands?

El principal argumento de defensa de Chiquita Brands es que, aunque entregó dinero a los paramilitares, lo hizo bajo coerción y como resultado de extorsiones. Incluso, el gobierno estadounidense ha mantenido que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos «podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex».

Este juicio contra la multinacional en Estados Unidos por su financiación al paramilitarismo en Colombia ha comenzado, y aquí le presentamos todo lo que necesita saber para entender las exigencias de las víctimas colombianas ante la justicia estadounidense.