En medio del debate público sobre las condiciones laborales en Colombia, un nuevo caso de inconformidad se ha visibilizado: el de los vigilantes y trabajadores de seguridad privada, quienes denuncian una situación de precarización sistemática en su sector.
A través de redes sociales y pronunciamientos de organizaciones sindicales, se ha denunciado que estos trabajadores suelen laborar en jornadas de 12 horas diarias, 6 días a la semana, sin que se les paguen recargos nocturnos, dominicales ni horas extras de manera justa o regular. La situación ha sido catalogada por algunos analistas como una de las formas más naturalizadas de explotación laboral en el país.
La polémica aumentó luego de que en el Congreso, durante una sesión sobre reformas laborales, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde no diera la palabra a representantes del sector de la vigilancia para exponer su situación, mientras sí permitió la intervención de empresarios del gremio.
Esta decisión generó indignación en redes sociales y fue considerada como una muestra del desequilibrio de poder en la discusión pública.
“Nos hacen trabajar jornadas extendidas y no nos reconocen ni lo básico. Pero cuando por fin logramos llegar al Congreso, no nos dejan hablar”, expresó uno de los voceros sindicales que asistió a la sesión.
En contraste, voceros de algunas empresas de vigilancia privada defendieron el modelo actual, alegando dificultades económicas y la necesidad de flexibilidad en la contratación. No obstante, los trabajadores exigen que se cumplan los mínimos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y que se abra un diálogo real y equitativo con el Estado.
La situación ha encendido el debate sobre las reformas laborales necesarias en Colombia, y sobre quiénes realmente tienen voz en las discusiones que afectan a millones de trabajadores.