Tras más de dos décadas sin una decisión judicial de fondo, el caso de despojo de 21 familias de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora deberá definir si abre un proceso formal contra el Estado colombiano por la prolongada falta de restitución de sus tierras.
La Fundación Forjando Futuros, que representa a las víctimas de la vereda La Teca, en Turbo, acudió al sistema interamericano luego de que el Estado argumentara que “no se han agotado los recursos internos disponibles, ni se ha excedido el plazo razonable para su resolución”.
“Llevamos 23 años de trámites, procedimientos, recursos, instancias y diferentes autoridades sin resultados. El Estado colombiano alega ante tribunales internacionales que esto aún es poco tiempo, que tiene más plazo para actuar. Esperemos que no muera más gente esperando que la Unidad de Restitución de Tierras les devuelva sus predios”, expresó Gerardo Vega Medina, abogado de la organización.
Los hechos se remontan a 2003, cuando estructuras paramilitares forzaron la venta de los predios mediante amenazas. Desde entonces, las familias han atravesado múltiples instancias judiciales y administrativas sin lograr la devolución de sus tierras.
En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó la restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras confirmó el despojo, sin medidas efectivas. En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, que aún no tiene fallo. Desde 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoce a las familias como víctimas, pero sin avances en reparación. Y en 2025, una sentencia de Justicia y Paz contra el Bloque Bananero tampoco resolvió la devolución de los predios.
Mientras avanzan los trámites, cuatro de las víctimas han fallecido sin ver una solución: Edelmira Chiquillo Fuentes, Alberto Padilla Ruiz, Darío de Jesús Bolívar y Aquibaldo Palacios Agualimpia.