El presidente Gustavo Petro recibió una nueva negativa judicial a su ambicioso plan de convocar una consulta popular que, en su visión, abriría paso a una Asamblea Constituyente. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el polémico decreto con el que el Gobierno buscaba consultar al “pueblo soberano”, y ordenó a la Registraduría frenar cualquier trámite relacionado.
El mandatario, como es habitual, reaccionó desde su cuenta de X: “acato la decisión como demócrata, pero me siento irrespetado”, y anunció que presentará recursos jurídicos, sin detallar cuáles. También insistió en que quien debería pronunciarse es la Corte Constitucional, al tratarse de un tema de fondo sobre el poder constituyente.
Pero más allá del choque institucional, el Gobierno estaría preparando un atajo jurídico: impulsar una asamblea “popular” constituyente, una figura que no existe formalmente en el ordenamiento colombiano. La idea ha sido promovida por el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien asegura que con el respaldo del 20% del censo electoral —unos 8 millones de firmas— el Congreso estaría obligado a convocarla.
Expertos como el jurista Mauricio Gaona han calificado esta propuesta como riesgosa, incluso autoritaria. “La llaman asamblea popular, no nacional. Es una figura usada por líderes populistas que buscan evitar los filtros democráticos reales”, afirmó en un reciente foro.
La Mesa de Observación Electoral (MOE) también desmontó la tesis: la recolección del 20% de firmas solo aplica en entidades territoriales para mecanismos de participación, pero no es válida para una Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser aprobada por el Congreso y contar con más de 13 millones de votos.
El trasfondo es claro: el Gobierno quiere presionar al Legislativo para destrabar las reformas que no han pasado, y si no lo logra por vía legal, explora caminos alternativos que generan debate y preocupación.
Por ahora, el decreto está suspendido. El Consejo de Estado deberá decidir si lo anula definitivamente, mientras la Corte Constitucional podría pronunciarse sobre el fondo. Entre tanto, el país sigue inmerso en un pulso político y jurídico que, más allá de tecnicismos, revela una intención clara: reescribir las reglas del juego.
El problema no es solo de formas, sino de fondo: ¿puede un gobierno forzar una nueva Constitución por vías ambiguas? ¿O estamos ante un globo de ensayo para medir hasta dónde puede tensarse la democracia?