El Ministerio de Salud de Colombia anunció una nueva normativa que reordenará por completo el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en todo el territorio nacional.
La medida, que hace parte de la transición hacia el modelo de atención propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca garantizar mayor eficiencia en la prestación de servicios, reducir los niveles de intermediación y fortalecer la atención primaria en salud.
Un “giro histórico” para el sistema
De acuerdo con el Ministerio, esta reorganización representa un “giro histórico” en la manera en que los colombianos accederán a los servicios de salud.
La normativa define nuevas condiciones para la operación de las EPS, estableciendo criterios más estrictos sobre su gestión financiera, el control de recursos y la atención directa a los usuarios.
Además, el Ministerio de Salud será el encargado de asignar las afiliaciones de los ciudadanos, buscando evitar los constantes traslados y los vacíos en la cobertura que históricamente han afectado al sistema.
Entre los principales puntos se incluye:
-
La creación de regiones de atención con cobertura unificada.
-
La redefinición de los roles entre EPS, IPS y entes territoriales.
-
Un nuevo sistema de seguimiento y control para las entidades que administren recursos públicos.
-
La posibilidad de reubicar a los usuarios automáticamente en caso de que su EPS no cumpla con los requisitos mínimos de operación.
Estas medidas se suman a la apuesta del Gobierno por un modelo que privilegie la prevención, la atención primaria y el acceso equitativo en todas las regiones del país.
Una reforma gradual, pero con impacto
Aunque aún no se trata de la reforma total al sistema de salud, esta decisión marca un paso clave en la transición hacia el nuevo modelo planteado por el Ejecutivo.
El ministro de Salud señaló que el objetivo no es eliminar a las EPS, sino reorganizar su funcionamiento para garantizar que los recursos lleguen de manera más directa a los hospitales y centros de atención.
El anuncio ha generado reacciones mixtas: mientras sectores afines al Gobierno lo consideran un avance hacia la justicia social, representantes de las EPS advierten sobre el impacto financiero y logístico que implicará la medida.