Bogotá, 21 de octubre de 2025. — El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este lunes al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal que enfrentaba por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia.
La decisión fue adoptada por tres magistrados de la Sala Penal del tribunal, quienes concluyeron que no existían pruebas suficientes para demostrar que Uribe hubiera ordenado a su abogado, Diego Cadena, manipular testigos con el fin de favorecer su defensa. Este fallo cierra —al menos de momento— uno de los procesos judiciales más polémicos y mediáticos en la historia reciente del país.
El proceso contra el expresidente se originó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación para determinar si Uribe había presionado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión sobre supuestos vínculos entre el exmandatario y grupos paramilitares.
Años después, el expediente pasó a la Fiscalía, que decidió llevar el caso a juicio tras recopilar más de mil páginas de testimonios, interceptaciones y pruebas documentales. En agosto de 2025, la jueza 44 penal de conocimiento, Sandra Heredia, había dictado una condena en su contra por considerar probado que existió un intento de soborno a testigos.
Sin embargo, la defensa del exmandatario apeló la decisión, argumentando que el proceso estuvo lleno de inconsistencias, interpretaciones erróneas y pruebas “parciales y manipuladas”.
En su lectura, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá señalaron que la Fiscalía no logró demostrar la existencia de una instrucción directa de Uribe hacia su abogado para alterar testimonios ni un beneficio real derivado de dichas gestiones.
El fallo afirma que las pruebas recopiladas “no alcanzan el estándar de certeza exigido para una condena penal” y que las actuaciones de la defensa pueden interpretarse dentro del marco legal del ejercicio del derecho a la defensa.
De esta forma, el tribunal decidió revocar la sentencia condenatoria y declarar la absolución total del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recobra su libertad plena y queda libre de toda responsabilidad penal en este caso.
La absolución generó una ola de reacciones en el país. Los simpatizantes del exmandatario celebraron la decisión como una reivindicación de su nombre, mientras que sus críticos lamentaron el fallo, señalando que “deja un sabor de impunidad”.
El Centro Democrático, partido que lidera Uribe, destacó el fallo como un triunfo de la verdad y la justicia, y aseguró que “marca el inicio de una nueva etapa para el uribismo”.
Por su parte, líderes de la oposición, entre ellos miembros del Pacto Histórico y del Partido Verde, expresaron preocupación por lo que consideran “una señal negativa en la lucha contra la corrupción y la independencia judicial”.
Un fallo con impacto nacional
Más allá del ámbito judicial, la decisión tiene un peso político considerable. Uribe, quien se había mantenido al margen de la vida pública durante los últimos años debido al proceso, podría volver a tener un rol activo en el debate nacional, especialmente de cara a las elecciones de 2026.
Analistas coinciden en que este fallo reconfigura el panorama político colombiano, reaviva la figura del expresidente dentro del uribismo y podría influir en las alianzas del bloque de derecha.
El Ministerio Público aún podría presentar una solicitud de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, pero, por ahora, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá marca el cierre de un extenso capítulo judicial que por más de siete años mantuvo en vilo al país.