La Fiscalía General de la Nación imputó este martes al exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos firmados durante la emergencia sanitaria provocada por la llegada del covid-19. La diligencia estuvo a cargo de una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien le atribuyó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El exmandatario no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el primer contrato cuestionado es el 01 del 26 de marzo de 2020, por un valor de 445 millones de pesos. Su propósito era entregar 800 kits de ayuda humanitaria a víctimas del conflicto armado. Aunque se firmó bajo la figura de emergencia social y económica, la Fiscalía sostiene que el proceso se habría adelantado al margen de los requisitos establecidos por la ley.
Además, el contrato fue adjudicado a una distribuidora de alimentos que, según el ente investigador, estaría vinculada a aportes realizados a la campaña política de Palacios Calderón.
El segundo contrato bajo revisión es el 003 del 3 de abril de 2020, por 220 millones de pesos, destinado a la compra de elementos de protección personal para enfrentar la emergencia. Aunque la declaratoria de urgencia manifiesta permitía contratar de manera directa, la Fiscalía advierte que se habrían presentado inconsistencias en la documentación, falta de claridad en la descripción de los productos y ausencia de soportes que justificaran la adquisición. Según el expediente, el proveedor seleccionado tampoco cumplía con los requisitos técnicos exigidos.
El ente acusador también señaló que el exgobernador habría incumplido su obligación de remitir oportunamente a la Contraloría General de la República los documentos relacionados con la urgencia manifiesta y los contratos firmados. La entrega de los soportes solo se habría producido después de que la Fiscalía solicitó formalmente la información.
Este proceso hace parte de una investigación que avanza desde julio de 2022, cuando se realizó la primera imputación. Tras varias diligencias preparatorias, el caso regresó a etapa de formulación de cargos. Ahora, será un juez competente quien determine si Palacios Calderón es o no responsable de las irregularidades señaladas.
A la situación judicial del exmandatario se suma un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría en noviembre de 2024, relacionado con presuntas irregularidades en obras de rehabilitación vial financiadas con regalías por más de 13.000 millones de pesos.