Una mujer fue capturada en Medellín para cumplir una condena de 37 años y seis meses de prisión por su participación en el asesinato de su hija, una niña de tres años, en hechos ocurridos en diciembre de 2019 en la ciudad.
La diligencia judicial se realizó el jueves 22 de enero de 2026 en el barrio San Joaquín, al occidente de Medellín, luego de que la sentencia emitida por un juzgado penal del circuito quedara en firme y sin posibilidad de recurso.
Detalles del caso
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan a la noche del 2 de diciembre de 2019, cuando la menor fue llevada por su madre a un centro asistencial con lesiones graves y múltiples hematomas. El informe médico detalló que la niña presentaba, entre otros daños, una costilla fracturada que le perforó los órganos internos, consecuencia de una golpiza propinada por su padrastro en una vivienda del barrio Belén Miraflores.
Aunque inicialmente la madre ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido, la Fiscalía logró demostrar que la mujer tuvo conocimiento del estado de salud de la niña desde horas de la tarde y retrasó de forma inexplicable la atención médica, lo que agravó aún más su situación.
Además, se estableció que días antes del fatal episodio, el padrastro también había arrojado a la menor contra una motocicleta, causándole heridas en uno de sus ojos, hechos que revelan un historial de maltrato reiterado.
La menor falleció al día siguiente, a causa de un trauma cerrado de abdomen, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Padrastro también condenado
El padrastro de la niña, quien era patrullero de la Policía Nacional en el momento del crimen, también fue condenado a la misma pena de 37 años y seis meses de prisión, luego de que un juez penal determinara su responsabilidad en el homicidio agravado de la menor.
Ante este tipo de hechos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier sospecha de riesgo contra menores a través de la línea 123, la línea 141 del ICBF o en las comisarías de familia, a fin de evitar tragedias que afectan de forma irreversible a los niños.