El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en el proceso de formalización de tierras para comunidades étnicas en el país, como parte de la implementación de la Reforma Agraria.
A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han formalizado cerca de 2,1 millones de hectáreas, de las cuales más de 1,5 millones corresponden a territorios indígenas y comunidades afrodescendientes.
Según la entidad, más de 918.000 hectáreas hacen parte de procesos de ampliación de resguardos indígenas, cerca de 554.000 corresponden a la constitución de nuevos resguardos y más de 67.000 hectáreas han sido tituladas colectivamente a comunidades afro.
El subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Mazabuel Quilindo, explicó que estos avances buscan fortalecer el control territorial de las comunidades, frenar la expansión de la frontera agropecuaria y consolidar procesos de restauración y conservación ambiental liderados por pueblos indígenas.
Las acciones también apuntan a proteger territorios ancestrales, garantizar la pervivencia cultural y reducir las desigualdades en el acceso a la tierra.
Uno de los casos destacados es el de Aurelio Segundo Ortega, en El Molino, quien recibió el título de su propiedad tras más de 20 años de espera. “No tenía propiedad de mi tierra, únicamente un certificado de compraventa, pero eso no da seguridad; lo único que da seguridad es el título que recibí. Ya sé que la tierra es mía”, expresó.
Además de la formalización, la política incluye la entrega de predios. En total, se han adjudicado 412 en 25 departamentos, que suman más de 100.000 hectáreas, con el objetivo de fortalecer la autonomía territorial de las comunidades étnicas.
En ese contexto, el gobernador indígena de la etnia Wiwa, Julio Daza, destacó la entrega de dos predios en El Molino (La Guajira) a su comunidad y a la comunidad Cariachil. “Todo lo que está dentro de la madre tierra es la vida que yo tengo… le agradecemos a la Agencia Nacional de Tierras que la Reforma Agraria siga siendo un impulso para nosotros”, afirmó.
Sin embargo, el avance de la reforma agraria no ha estado exento de debate, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre su alcance y ejecución en distintas regiones del país.