El presidente Abelardo de la Espriella informó que, durante la madrugada de este jueves 27 de agosto, la Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra campamentos que, según información oficial, serían utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción relacionada con alias Calarcá.
De acuerdo con el balance preliminar entregado por el mandatario, la operación dejó: 8 presuntos terroristas muertos, 11 fusiles incautados, 5 ametralladoras decomisadas y abundante material de intendencia encontrado.
La acción incluyó un bombardeo de precisión y posteriormente el ingreso de comandos de la Fuerza Pública. El Ejército continúa en la zona, según el Gobierno, con labores de consolidación y control territorial.
“Estamos pasando a la ofensiva”, afirmó el presidente, quien además aseguró que los principales cabecillas de los grupos armados “no tendrán escondite” en el territorio nacional.
Sin embargo, el anuncio también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de bombardeos y operaciones militares en zonas rurales donde existe presencia de población civil.
Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, una operación militar en Catatumbo contra estructuras del ELN también generó alertas de la Defensoría del Pueblo por posibles afectaciones a comunidades campesinas y desplazamientos.
La ofensiva militar del Gobierno continúa, pero el debate sobre sus consecuencias para las comunidades también crece.