La Ley de Utilidad Pública en Colombia, promulgada en 2023, busca ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabezas de hogar condenadas por delitos menores, permitiéndoles cumplir sus penas mediante servicios comunitarios en lugar de prisión. Esta medida tiene un enfoque restaurativo y de género, reconociendo las circunstancias de marginalidad que llevan a muchas mujeres a infringir la ley.
A pesa de las oportunidades que brinda esta ley, su implementación enfrenta desafíos significativos. Hasta agosto de 2024, se habían aprobado 73 solicitudes de mujeres para cumplir sus condenas a través de servicios comunitarios, con más de 2.000 solicitudes pendientes. Además, se disponían de 2.479 cupos en entidades públicas y fundaciones sin ánimo de lucro para este fin.
La aplicación de esta ley ha resaltado la importancia de una política criminal con enfoque de género. Investigaciones indican que muchas mujeres privadas de la libertad eran cabezas de familia, con bajos niveles educativos y pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos. Su encarcelamiento afecta negativamente a sus familias, especialmente a sus hijos, quienes suelen quedar al cuidado de familiares o, en algunos casos, son separados de sus hermanos.
Un caso que ha puesto en evidencia estos desafíos es el de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’. Condenada a cinco años de prisión por delitos cometidos durante las protestas de 2019, su situación ha generado debate sobre la proporcionalidad de las penas y la aplicación de la Ley de Utilidad Pública. Aunque Barrera solicitó cumplir su condena mediante servicios comunitarios para poder estar con su hija, las autoridades han señalado que la decisión recae en los jueces y que la ley tiene limitaciones según el tipo de delito.
A nivel regional, Antioquia ha sido pionera en la implementación de esta medida, con 18 mujeres beneficiadas hasta agosto de 2024. Sin embargo, la tasa de aprobación de solicitudes sigue siendo baja en comparación con el número de mujeres que podrían beneficiarse, lo que refleja la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley y sensibilizar a los operadores judiciales sobre su importancia.
