El candidato a la Alcaldía de Apartadó, Adolfo David Romero, se enfrenta a un panorama jurídico incierto de cara a las elecciones atípicas programadas para el próximo 6 de abril, tras la reciente divulgación de un auto emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En dicho auto, se detallan varias denuncias en su contra que podrían llevar a la revocatoria de su inscripción como candidato.

Una de las primeras denuncias fue presentada por Daniel Gómez Loaiza, quien sostiene que Romero enfrenta un proceso por prevaricato y fraude a resolución judicial o administrativa, derivado de acciones tomadas durante su periodo como concejal en 2024. Además, Romero está vinculado a una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Apartadó, relacionada con posibles irregularidades en la elección del personero municipal, lo que podría constituir una violación a la Ley 1952 de 2019.

Por otro lado, Leidy Jiménez Echavarría ha cuestionado el desempeño de Romero como concejal, señalando sus frecuentes ausencias a las sesiones del Concejo Municipal, lo cual demostraría un incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Esta situación podría resultar en una sanción disciplinaria y configurar una inhabilidad sobreviniente que pondría en riesgo su candidatura.

Asimismo, Nafer Almario Buelvas ha presentado denuncias por presunta doble militancia, ilegibilidad simultánea e inhabilidad por parentesco. En este último caso, la acusación se refiere a la cercanía familiar de Romero con Mónica María Campaz Benítez, su hermana, quien ocupa el cargo de Auxiliar Administrativo en la Registraduría Especial de Apartadó, lo que podría implicar un conflicto de intereses.

El caso de Adolfo Romero se complica aún más con una denuncia de Juan José Palacios Godoy, quien advierte sobre la influencia indebida de Romero sobre el electorado, debido a su rol como concejal. Este hecho, junto con una investigación disciplinaria por su participación en la elección del personero municipal, pese a estar aparentemente inhabilitado, podría derivar en la nulidad de su candidatura.

A nivel jurídico, un análisis detallado indica que Romero estaría inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Apartadó, según lo estipulado en la legislación vigente. De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, existe una prohibición expresa para que un exconcejal se postule a la alcaldía de su mismo municipio si ha ocupado dicho cargo dentro del año anterior a la elección. Estos artículos buscan garantizar una competencia equitativa en el proceso electoral y evitar que quienes hayan ejercido funciones políticas recientes obtengan ventajas indebidas en la contienda.

Conforme a esta normativa, los expertos en derecho afirman que, al haber sido concejal de Apartadó y haberse desvinculado recientemente del cargo, Adolfo Romero estaría inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía si las elecciones se celebran dentro del año posterior a su dimisión.

En conclusión, las denuncias acumuladas y las normativas aplicables ponen en entredicho la viabilidad de la candidatura de Adolfo Romero. Si insiste en mantenerse como candidato, su postulación podría ser impugnada y declarada inválida, afectando gravemente su participación en las elecciones atípicas del 6 de abril. La decisión final sobre su inscripción dependerá de las resoluciones que tome el CNE en los próximos días, lo que mantiene en vilo el futuro político de Romero y la estabilidad de la contienda electoral en Apartadó.