Un preocupante panorama vuelve a encender las alertas en Antioquia: al menos 44 de los 125 municipios del departamento presentan sospechas de contaminación con minas antipersonales, según el más reciente mapa elaborado por el Batallón de Desminado del Ejército Nacional.
Estas zonas, anteriormente conocidas por la presencia de las llamadas “minas quiebrapatas”, muestran un retroceso significativo frente a los avances logrados hace una década, cuando varios territorios habían sido declarados libres de estos artefactos.
De acuerdo con el informe, las subregiones más afectadas son el Norte, con municipios como Ituango y Briceño; el Nordeste, en localidades como Anorí, Segovia y Amalfi; y el Bajo Cauca, donde se destacan Tarazá y Cáceres como territorios con presencia activa de minas.
El docente Carlos Augusto Jaramillo, del programa de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, explicó que el resurgimiento de estos artefactos está directamente relacionado con las economías ilegales.
“Se ha incrementado el uso indiscriminado de minas por parte de grupos armados al margen de la ley, que se financian principalmente del narcotráfico y utilizan estos mecanismos para proteger sus laboratorios”, señaló.
El informe también revela que, de las nueve subregiones de Antioquia, solo el Área Metropolitana se encuentra libre de sospecha. Sin embargo, las labores de desminado enfrentan serias dificultades: actualmente, el Batallón de Desminado solo puede operar en siete municipios debido a problemas de seguridad.
El teniente coronel Yesid Carreño, comandante del Batallón de Desminado N.º 7, indicó que las operaciones han tenido que ser suspendidas en varias zonas.
“En algunos municipios hemos tenido que detener las labores investigativas por situaciones de seguridad que ponen en riesgo al personal que realiza la intervención”, afirmó.
Especial preocupación genera el caso del Oriente antioqueño. Municipios como Granada, San Carlos, San Francisco y San Luis, que en el pasado habían sido declarados libres de sospecha, nuevamente presentan indicios de contaminación con minas.
Según explicó el comandante, esta situación obedece a nuevas informaciones suministradas por las comunidades, lo que ha obligado a reactivar procesos de verificación en estas zonas.
En medio de este panorama, la disputa territorial entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN sigue siendo uno de los principales factores que alimentan la instalación de estos artefactos explosivos.
Cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indican que, en los últimos 20 años, Antioquia ha registrado al menos 2.705 incidentes relacionados con minas antipersonales, lo que evidencia la magnitud de un problema que, lejos de desaparecer, vuelve a poner en riesgo a las comunidades.