La historia de Bianey Peña Manco, un campesino de Samaná, Caldas, vuelve a abrirse paso en la justicia internacional.
El 31 de agosto de 2006, Bianey Peña Manco salió de su casa rumbo a la plaza de mercado de San Diego, en Samaná, Caldas. Según la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue interceptado por hombres uniformados y encapuchados, quienes lo habrían obligado a cruzar hacia Antioquia.
Un día después, su familia recibió una noticia devastadora: el Ejército había entregado para su entierro el cuerpo de un supuesto “guerrillero NN” abatido en combate en zona rural de Sonsón, Antioquia.
El cuerpo era el de Bianey. Ahora, casi dos décadas después, la CIDH admitió el caso y abrió la puerta a una investigación de fondo para determinar si existió responsabilidad internacional del Estado colombiano por la muerte del campesino y por la falta de resultados judiciales durante estos años.
La JEP ha documentado más de 7.837 casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.
En el caso de Peña Manco, la justicia administrativa ya había declarado responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército, además de ordenar una indemnización a la familia.
Sin embargo, según la denuncia, casi 20 años después ningún responsable ha sido llevado a juicio y el pago de la indemnización no se habría completado.
La CIDH consideró que el tiempo transcurrido sin resultados judiciales podría constituir un retardo injustificado, razón por la cual admitió la petición pese a los argumentos del Estado colombiano.
Importante: la admisión del caso no significa que la CIDH ya haya declarado responsable a Colombia. Ahora comienza la etapa de fondo, en la que deberá determinar si efectivamente existieron violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana.