La justicia transicional dio un paso clave para esclarecer uno de los episodios más graves de violencia en el Magdalena Medio.
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 personas, entre ellas nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por hechos ocurridos entre 1998 y 2000 durante la denominada toma paramilitar de Barrancabermeja.
Según la investigación, existió una alianza criminal entre integrantes de la fuerza pública, paramilitares y terceros que buscaba expulsar de Barrancabermeja y el Magdalena Medio a personas señaladas como supuestos integrantes o colaboradores de la guerrilla.
La JEP identificó 473 víctimas y documentó un patrón de violencia que incluyó:
▪️ 14 masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.
▪️ Persecución contra habitantes de los barrios orientales.
▪️ Ataques contra integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Esta es la primera imputación de la JEP en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles.
Para reconstruir estos hechos, la JEP analizó archivos de inteligencia militar, Ejército, Policía y Ecopetrol, además de versiones, testimonios, informes, sentencias y los aportes de representantes de las víctimas.
Ahora, los 12 comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, el proceso podría avanzar hacia sanciones restaurativas. De lo contrario, el caso podría pasar a un proceso adversarial.
La decisión busca esclarecer lo ocurrido y establecer las máximas responsabilidades por los crímenes cometidos contra cientos de víctimas.