El Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a generar rechazo nacional tras anunciar la imposición de un supuesto “juicio revolucionario” contra dos policías de la DIJIN que permanecen secuestrados desde el 20 de julio de 2025 en el departamento de Arauca.
De acuerdo con el comunicado del Frente de Guerra Oriental, los uniformados Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez deberán continuar en cautiverio por 36 y 32 meses, respectivamente, bajo lo que el grupo armado denomina “prisión revolucionaria”, una figura sin ningún tipo de validez legal.
La decisión ha sido calificada por distintos sectores como una grave violación a los derechos humanos. Expertos y autoridades coinciden en que este tipo de acciones no solo prolongan el secuestro, sino que buscan imponer una falsa autoridad judicial en territorios donde el ELN mantiene presencia armada.
Desde el Gobierno Nacional se reiteró que ningún grupo ilegal tiene facultades para juzgar o condenar a ciudadanos, mucho menos mantenerlos privados de la libertad bajo argumentos ideológicos o políticos.
La Defensoría del Pueblo calificó el hecho como “inadmisible” y exigió la liberación inmediata de los secuestrados, recordando que el secuestro es un delito que vulnera gravemente la dignidad humana.
Por su parte, el Ministerio de Defensa insistió en que se mantienen las acciones para lograr la liberación de los uniformados y rechazó cualquier intento del ELN de legitimar prácticas criminales a través de este tipo de anuncios.
Mientras tanto, el drama se intensifica para las familias de los policías, quienes llevan cerca de un año sin noticias claras sobre su estado de salud y condiciones de cautiverio. A través de distintos llamados públicos, han pedido al Gobierno acelerar las gestiones que permitan su regreso.
Este nuevo pronunciamiento del ELN se da en medio de un panorama de alta tensión en Arauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. La imposición de estas “condenas” no solo prolonga el sufrimiento de las víctimas, sino que envía un mensaje de desafío directo al Estado y a los esfuerzos por avanzar en escenarios de paz.