Lo que durante años se ha presentado en Apartadó como la Copa Libertadores de Fútbol de Salón, evento liderado por el exalcalde Felipe Cañizales, enfrenta ahora una nueva controversia: en la edición realizada recientemente se habrían presentado reclamaciones relacionadas con el uso del nombre, la identidad y contenidos asociados a la denominación “Libertadores”, situación que habría terminado afectando las cuentas oficiales del IMDER Apartadó y a medios de comunicación que cubrieron el campeonato.
La polémica no gira alrededor de la existencia del torneo, que lleva varios años realizándose en el municipio, sino de lo ocurrido específicamente en la edición 2026 y de las consecuencias que se han generado después de su realización.
De hecho, publicaciones realizadas durante el campeonato identifican a Felipe Cañizales como gerente de la Copa Libertadores de Fútbol de Salón, mientras que el IMDER Apartadó aparece vinculado a la organización y promoción del evento.
¿Qué tiene que ver la CONMEBOL?
La palabra “Libertadores” no es solamente una denominación genérica cuando se utiliza dentro del contexto de una competencia deportiva que puede generar asociación con la CONMEBOL Libertadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol protege elementos relacionados con sus competencias, incluyendo marcas, signos distintivos, derechos comerciales, contenidos y formas de asociación con sus torneos.
Por eso, el punto que deberá esclarecerse es si el nombre, los elementos gráficos o determinados contenidos utilizados durante la Copa de Fútbol de Salón de Apartadó contaban con las autorizaciones correspondientes o si, por el contrario, se produjo una asociación que los titulares de derechos consideraron indebida.
Esto es especialmente importante porque una cosa es organizar legítimamente un torneo de fútbol de salón y otra utilizar elementos protegidos que puedan generar confusión sobre una eventual relación oficial con una competencia o marca de la CONMEBOL.
Las sanciones también golpearon las redes
El asunto no habría quedado únicamente en una discusión sobre el nombre.
Según la información conocida, las cuentas oficiales del IMDER Apartadó fueron afectadas por sanciones y eliminación de contenido y de meta, mientras que al menos dos medios de comunicación que realizaron cobertura del evento también habrían sufrido consecuencias en sus plataformas digitales.
Uno de ellos habría terminado con su página eliminada de Meta, mientras que otro recibió restricciones relacionadas con reclamaciones de derechos de autor.
Esto plantea una situación particular: un evento financiado y respaldado institucionalmente termina generando consecuencias digitales para la entidad pública que lo promocionó y para medios que difundieron su contenido.
Es importante aclarar que una reclamación de derechos de autor en Meta no equivale automáticamente a una condena judicial ni demuestra por sí sola que alguien haya cometido un delito. Las plataformas cuentan con mecanismos propios para retirar contenido, aplicar restricciones y recibir reclamaciones de los titulares de derechos.
Más de $100 millones de recursos públicos
Pero quizás el punto que más preguntas genera está relacionado con el dinero.
Para esta edición se habrían destinado más de $100 millones de pesos de recursos públicos del municipio, una cifra que ahora adquiere especial relevancia frente a las controversias que rodean el evento.
La pregunta es sencilla:
¿Quién verificó antes de invertir los recursos públicos que el nombre, la imagen, los contenidos y los elementos utilizados en la promoción de la Copa contaran con las autorizaciones necesarias?
Y si efectivamente existieron reclamaciones de derechos que terminaron afectando las cuentas institucionales y a medios de comunicación:
¿Quién responde por las consecuencias?
La situación también podría llamar la atención de los organismos de control si se llegaran a establecer posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos, la contratación, la autorización del evento o la utilización de marcas y contenidos protegidos.
El evento es de Cañizales, pero el dinero es público
Aunque Felipe Cañizales es quien aparece como gerente y principal líder de la Copa, el debate actual no puede desligarse de la participación institucional del municipio.
La administración actual, encabezada por el alcalde Adolfo Romero, no es la responsable de haber creado el evento, que viene realizándose desde años atrás. Sin embargo, la edición 2026 contó con participación del IMDER y respaldo institucional, por lo que también queda sobre la mesa la necesidad de aclarar qué controles se realizaron antes de comprometer recursos públicos.
En otras palabras, el evento puede tener un líder privado o particular, pero cuando entran en juego más de $100 millones de pesos del presupuesto público, las preguntas sobre autorizaciones, contratación, derechos de marca y responsabilidades dejan de ser un asunto exclusivamente deportivo.
Ahora el interrogante queda abierto:
¿Felipe Cañizales y la administración municipal verificaron realmente todos los derechos y autorizaciones antes de utilizar el nombre “Libertadores” y destinar recursos públicos a esta edición?
Porque mientras la Copa terminó, las sanciones apenas comienzan a dejar preguntas sobre la mesa.