Una nueva decisión judicial pone en entredicho las actuaciones administrativas adoptadas durante la administración del exalcalde Felipe Cañizalez en Apartadó. El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó reintegrar a un funcionario que había sido retirado de su cargo en enero de 2020, al considerar que la administración utilizó de manera indebida la revocatoria de actos administrativos para afectar una situación laboral que ya estaba consolidada.
La decisión fue tomada por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la Sentencia 164 del 6 de agosto de 2026, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por Santiago Rodolfo Sánchez Chávez contra el Municipio de Apartadó.
El funcionario había sido nombrado y posesionado el 31 de diciembre de 2019 como profesional especializado, pero pocos días después, el 7 de enero de 2020, se le informó que debía retirarse de sus labores, luego de que la administración revocara parcialmente los decretos mediante los cuales se habían creado y distribuido varios cargos de la planta de personal.
El Tribunal fue contundente al señalar que el Municipio no demostró una ilegalidad manifiesta que permitiera revocar directamente esos actos administrativos y concluyó que la administración incurrió en falsa motivación, al sustentar la decisión en una interpretación equivocada sobre los requisitos presupuestales para la creación de los cargos.
Pero el golpe jurídico fue más allá. La corporación determinó que, una vez el funcionario había sido nombrado y tomado posesión, existía una situación jurídica individual y concreta que no podía ser eliminada automáticamente mediante la revocatoria del acto general que había servido de fundamento para crear el cargo. Además, el Tribunal estableció que no se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de su desvinculación.
Por esta razón, el Tribunal declaró la nulidad parcial del Decreto 011 del 3 de enero de 2020 en lo relacionado con el cargo que ocupaba Sánchez Chávez y ordenó al Municipio de Apartadó reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a uno de superior categoría, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la sentencia. También ordenó reconocer los salarios y prestaciones dejados de percibir, conforme a las reglas fijadas por la corporación.
La decisión vuelve a poner sobre la mesa las actuaciones realizadas durante la administración del entonces alcalde Felipe Cañizalez, periodo en el que se produjo una salida masiva de funcionarios de la Alcaldía y que fue cuestionada por sectores políticos y ciudadanos.
Ahora, este nuevo fallo se suma a otro reintegro judicial y abre nuevamente el debate sobre la manera en que fueron tomadas algunas decisiones administrativas durante ese gobierno.
Dos reintegros y nuevas preguntas: ¿fueron realmente ajustadas a la ley todas las desvinculaciones realizadas durante esa administración o deberán seguir llegando decisiones judiciales que obliguen al Municipio a devolver a funcionarios a sus cargos?