Se acerca el inicio de un nuevo calendario electoral y, con él, las promesas que suelen presentarse como propuestas para ser considerados por los ciudadanos a la hora de elegir. Sin embargo, muy pocos perfiles políticos se atreven a incorporar en sus discursos una realidad de la que poco se habla: las condiciones administrativas y financieras que tendrán que enfrentar si llegan a gobernar.
De la promesa al hecho, la brecha es grande. En el Distrito de Turbo, por ejemplo, preocupa la situación de la deuda pública y los problemas administrativos relacionados con la estructura de funcionarios, a lo que se suman los conflictos derivados de decisiones que terminan siendo controvertidas en instancias judiciales. Cada vez que una administración pierde un proceso y debe asumir sus consecuencias económicas, son recursos públicos los que terminan comprometidos, muchas veces por errores humanos o decisiones que pudieron evitarse.
Entonces, siempre me ha intrigado qué tan dispuestos estamos quienes hacemos política a enfocar nuestros esfuerzos en hacer valer los principios de transparencia y acceso a la información pública, para que los ciudadanos sean conscientes de la realidad y de las situaciones que atraviesan las administraciones.
Incluso, suponiendo que seamos capaces de asumir ese compromiso, nuestra responsabilidad social al ejercer la política también debería estar orientada a promover espacios de aprendizaje. El ciudadano debe ser un actor clave en la gobernanza moderna. La participación ciudadana y el control social hacen parte de la acción propia de administrar con la gente y para la gente.
Un pueblo formado en administración pública es un pueblo consciente a la hora de elegir. Y es que no podemos pretender que los ciudadanos comprendan las dificultades de gobernar si desde la misma política no hacemos el esfuerzo de explicarles cómo funciona el Estado, cuáles son sus limitaciones y qué responsabilidades tienen quienes llegan a administrar los recursos públicos.
Por estos días, cuando se acercan decisiones importantes para algunos funcionarios que contemplan participar en escenarios electorales, vale la pena preguntarse qué tanto de la experiencia adquirida en el ejercicio de sus cargos estará realmente al servicio de la gente.
Ojalá que esa experiencia, sumada a la formación y al conocimiento de lo público, permita que las expectativas que generan los perfiles preparados para gobernar no se queden solamente en los discursos.
Porque al final, más allá de las promesas, de los títulos y de las aspiraciones personales, la capacidad de gobernar debería poder resumirse en una sola palabra: resultados.