La entidad identificó un patrón en el que compañías con permisos legales habrían sido utilizadas para facilitar actividades ilícitas.
En marcha una serie de decisiones administrativas tras identificar irregularidades en empresas del sector, que derivaron en la suspensión de 31 licencias de funcionamiento en distintas regiones del país. La medida se enmarca en una línea de acción orientada a revisar el uso de habilitaciones legales dentro de la actividad de vigilancia privada.
El anuncio lo hizo el superintendente Larry Álvarez Morales, quien explicó que las decisiones se adoptaron luego de detectar indicios de “infiltración” por parte de estructuras criminales en compañías autorizadas para operar. Según indicó, los casos analizados evidencian un esquema en el que empresas obtienen licencias formales, pero posteriormente estas serían utilizadas para canalizar recursos, personal o armamento hacia organizaciones ilegales.
Las actuaciones incluyen medidas específicas en ciudades como Barranquilla, donde dos empresas del sector —Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda.— fueron objeto de cancelación de licencia en fallo de primera instancia. A esto se suma un grupo adicional de ocho compañías que se encuentran en proceso de investigación y que podrían enfrentar sanciones similares en los próximos meses.
Dentro de las indagaciones, las autoridades han establecido conexiones entre armas registradas legalmente y hechos delictivos, así como vínculos entre personal de estas empresas y estructuras criminales. Este tipo de hallazgos, de acuerdo con la entidad, se relaciona con posibles conductas asociadas a economías ilegales, entre ellas el lavado de activos.
El desarrollo de estos procesos ha estado acompañado por coordinación con otras entidades del Estado, en particular con la Fiscalía General de la Nación y el sector Defensa. Este trabajo conjunto ha permitido avanzar en el cruce de información, fortalecer los controles sobre armas en manos de particulares y apoyar investigaciones con alcance judicial.
En paralelo, la Superintendencia reiteró que el sector de la vigilancia privada mantiene un papel en la generación de empleo, con más de 360.000 familias vinculadas a esta actividad, al tiempo que insistió en que la mayoría de las empresas opera dentro de la legalidad. Bajo ese contexto, la entidad anunció que continuará con acciones de control basadas en inteligencia y análisis de datos para detectar irregularidades en la operación de estas compañías.