Una decisión judicial abre un nuevo debate sobre las operaciones militares contra grupos armados en Colombia.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó provisionalmente al Gobierno y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar ataques aéreos ofensivos cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados en el lugar que será atacado.
La medida fue adoptada tras admitir una acción de tutela presentada en representación de menores que podrían encontrarse en campamentos o zonas utilizadas por estructuras armadas ilegales.
Pero atención: la decisión NO significa que todos los bombardeos queden suspendidos. La restricción aplica únicamente cuando las autoridades tengan información verificable de que hay menores reclutados o utilizados por grupos armados en el objetivo.
La juez también hizo referencia a recientes operaciones militares en Catatumbo y Guaviare, donde habrían muerto menores de edad, y consideró que existe preliminarmente una posible amenaza grave contra derechos fundamentales como la vida y la integridad.
El punto central de la discusión es que, según el despacho, el hecho de que un menor haya sido reclutado por un grupo armado no le quita la protección constitucional especial que tiene por ser menor de edad.