Alexis Alzate Quintero tenía 24 años cuando, el 28 de junio de 2021, fue impactado en el rostro por un proyectil de gas lacrimógeno durante las protestas del paro nacional en Medellín. La lesión le provocó la pérdida del ojo izquierdo y cambió su vida para siempre.
Más de cinco años después, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín declaró administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional. Según la sentencia del 30 de septiembre de 2026, se presentó un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
El despacho concluyó que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, pese a que no se logró establecer la identidad del uniformado que accionó el lanzador, la decisión consideró probado que Alzate fue impactado por un proyectil disparado por integrantes del Esmad y que no se acreditó que representara un peligro para los policías o para otras personas.
Las secuelas no fueron únicamente físicas: Alexis sufrió afectaciones emocionales y dificultades para conseguir empleo. Su pérdida de capacidad laboral fue establecida en un 30,10 %.
Ahora, la decisión judicial ordena reparar económicamente los perjuicios sufridos por él y sus familiares, incluidos los relacionados con su salud y los ingresos que dejó de percibir.
Una decisión que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de la fuerza durante las protestas y la reparación a las víctimas.