Por: Yumar Londoño
En los últimos meses, Colombia ha sido testigo de una escalofriante ola de feminicidios que ha sacudido la sociedad y ha dejado una estela de dolor, miedo y desesperación en las mujeres. Los casos más recientes, como el brutal asesinato de Isabella Mesa Sánchez, encontrada dentro de una maleta en la casa de su novio, o el espantoso destino sufrido hace un año de Valentina Trespalacios, la cual fue descuartizada por su pareja de nacionalidad estadounidense, el cual aún no ha sido sentenciado, son solo la punta del iceberg de una realidad que se ha vuelto demasiado común en nuestro país.
La violencia contra las mujeres no solo se manifiesta en el acto final del feminicidio, sino que se gesta en un entorno de abuso, manipulación y control ejercido por parte de aquellos que se supone deberían amarlas y protegerlas. El caso de la mujer de 47 años en Puerto Caldas, asesinada por su esposo, quien ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar, es un trágico recordatorio de cómo el sistema judicial a menudo falla en proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Pero lo que hace que estos crímenes sean aún más horripilantes es la forma en que se cometen: con saña y extrema brutalidad. Desde el macabro acto de perseguir a una expareja con un machete y decapitarla en plena vía pública, como sucedió en La Unión Valle, hasta el reciente escalofriante descubrimiento del cuerpo de una mujer en el Río Medellín, estos casos revelan una escalada de violencia que va más allá de la simple eliminación de una vida; retrata lo podridos que están algunos hombres, los cuales creen que sus parejas les pertenece y se ven en la autoridad de ejercer la frase «Si no eres mía, no serás de nadie».
Es que los datos son alarmantes, según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre de 2023, el país registró un total de 410 feminicidios, con un promedio de 52 casos por mes. De estos crímenes, el 55% involucró el uso de armas de fuego, siendo julio y agosto los meses más críticos. Información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación revela que Antioquia encabezó la lista de regiones más afectadas con 67 casos, seguida de Bogotá (46) y Valle del Cauca (45). Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó un total de 36,626 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres durante este periodo, con 27,327 casos de violencia de pareja y 16,015 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, destacando las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali e Ibagué como las más afectadas.
Es evidente que estamos frente a un problema sistemático que requiere una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades y de toda la sociedad. La impunidad, la poca acción por parte del gobierno, la falta de acceso a la justicia y la persistencia de estereotipos de género que perpetúan la idea de que las mujeres son objetos de posesión deben ser abordados de manera integral.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de todas las mujeres, implementando políticas efectivas de prevención, atención y sanción de la violencia de género. La sociedad, por su parte, debe dejar de normalizar y tolerar cualquier forma de violencia machista, y en su lugar, promover una cultura de respeto, igualdad y empatía.
Cada feminicidio es una tragedia que nos enfrenta con la realidad más cruda y desgarradora de nuestra sociedad. Debemos unirnos en un firme rechazo a esta violencia insensata y trabajar juntos para construir un país donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia, que puedan salir a la calle sin la incertidumbre de saber si van a volver a sus casas. Es hora de detener esta espiral de horror y asegurar un futuro más seguro y digno para todas.
