La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó una decisión que ya genera controversia: ordenó retirar las medidas de protección que tenían la exaspirante a viceministra Juliana Guerrero, el activista mediático Beto Coral y la estratega Gabriela Muñoz.
Según las evaluaciones realizadas, no existirían elementos objetivos ni sustento técnico suficiente para mantener los esquemas, cuyo costo para el Estado rondaría los $40 millones mensuales.
La decisión también revive cuestionamientos sobre la forma en que estas protecciones fueron asignadas durante la administración anterior. En el caso de Beto Coral, recientemente deportado de Estados Unidos, se señala que el esquema habría sido otorgado de manera rápida y sin cumplir con el proceso regular de valoración de riesgo.
En cuanto a Gabriela Muñoz, quien había argumentado amenazas e intimidaciones denunciadas ante la Fiscalía, fuentes del ente investigador habrían precisado que se solicitó evaluar su situación, pero no directamente asignarle vehículos o escoltas.
Por otro lado, Juliana Guerrero enfrenta procesos judiciales relacionados con el presunto uso de un título académico falso para acceder a un alto cargo del Gobierno, además de investigaciones por un supuesto tráfico de influencias en contratación estatal. Estos señalamientos deberán ser definidos por las autoridades competentes.
Pero la decisión todavía no es definitiva: los tres implicados cuentan con 10 días hábiles para presentar un recurso de revisión e intentar que las medidas sean reconsideradas.